El pasado domingo, el pueblo de Socuéllamos manifestó de forma rotunda su rechazo a la instalación de plantas de residuos en el municipio. Una negativa clara por parte de la ciudadanía que, sin embargo, continúa siendo ignorada por el equipo de Gobierno municipal, compuesto por PP y VOX.
Lejos de ofrecer explicaciones o abrir un diálogo con los vecinos, el Ejecutivo local insiste en mantener una posición ambigua sobre la implantación de estas plantas. Sin embargo, los hechos demuestran lo contrario: el Gobierno SI se ha posicionado a favor de estos proyectos en múltiples ocasiones.
El pasado 18 de abril de 2024, la Junta de Gobierno Local aprobó solicitar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la declaración de proyecto prioritario para la planta promovida por la empresa Bravoita, aludiendo a su “interés social, la inversión prevista y la supuesta creación de empleo”. Días después, la alcaldesa Conchi Arenas acudió personalmente a la Comisión Provincial de Urbanismo en Ciudad Real para defender el proyecto ante las autoridades regionales.
Además, desde el pasado 6 de marzo, el Grupo Municipal Socialista solicitó formalmente al Gobierno local la adopción de medidas para frenar la instalación de las plantas, sin haber recibido respuesta alguna.
El 7 de mayo se presentó un nuevo escrito reclamando la convocatoria urgente de un pleno extraordinario para debatir medidas que impidan la implantación de estas industrias, finalmente en el día de ayer fue convocado para el próximo 28 de mayo a las 08.30 horas, sin prisa y en horario en que dificulta la asistencia de público y de publicidad del mismo por las horas a las que se ha convocado. ¿ Qué quiere ocultar este equipo de gobierno?
Ayer, tras semanas de insistencia, se nos hizo entrega del convenio firmado entre la alcaldesa, Conchi Arenas y la empresa Queimada Investment, con fecha 1 de abril de 2025, que confirma el apoyo del Gobierno municipal a la instalación de una segunda planta de biometano. Un acuerdo suscrito sin consulta previa a la ciudadanía ni evaluación pública de los posibles impactos.
Es inadmisible que, por una aportación económica de 100.000 euros, el Ejecutivo municipal justifique un proyecto de esta envergadura, más aún cuando se ha intentado ocultar su postura real bajo un discurso de neutralidad.
El silencio, acompañado de decisiones y acciones concretas, es una forma de posicionarse. Solo hace falta voluntad política para frenar la implantación de estas plantas, como sería la modificación de las normas urbanísticas y el reconocimiento público del conflicto social que estos proyectos están generando.
Desde el Grupo Municipal Socialista de Socuéllamos reiteramos nuestra oposición a estos proyectos y exigimos al equipo de Gobierno transparencia, responsabilidad y respeto hacia la voluntad de los vecinos y vecinas.
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