El diputado regional del PSOE, Francisco Barato, ha destacado el “orgullo” que supone que Castilla-La Mancha “no sólo lidere a nivel nacional la actuación en materias de políticas de bienestar social y dependencia, sino que se haya dado un giro de 180 grados a la situación de recortes que existía en la región en 2015”.
En rueda de prensa en la sede del PSOE provincial de Ciudad Real, Barato se ha referido al informe del Observatorio de Dependencia, que realiza la Asociación de Directores Generales de los Servicios Sociales en nuestro país. Un informe que pone a Castilla-La Mancha “en la vanguardia de las políticas sociales y, concretamente, en la aplicación de la Ley de Dependencia”, subrayando que es la región que menos tiempo de espera tiene a la hora de evaluar, la que más cobertura otorga a la hora de reconocer derechos y a pagar las prestaciones.
Un hecho, ha recalcado Barato, que es “doblemente meritorio en comparación a como estábamos antes de 2015, con el PP y con los recortes de Cospedal, cuando Castilla-La Mancha estaba en el vagón de cola en materia de Dependencia. Lo cual supone que el Presidente Page ha conseguido que se haya dado un giro de 180 grados en cuanto a políticas sociales”.
Así, Castilla-La Mancha consigue la mejor nota de toda España, con un 8,3 sobre 10, “justo cuando empiezan a verse los efectos de retroceso y de recorte en políticas sociales en aquellas comunidades gobernadas por la derecha y la ultraderecha”, ha añadido.
Son más de 72.000 personas atendidas a diario en la región, y cerca de 100.000 prestaciones, y en términos provinciales, 18.600 personas atendidas, a través del entorno de unas 25.000 prestaciones, “así pues, estamos hablando de datos históricos de atención desde la aprobación de la Ley de Dependencia”, ha sostenido Barato, a la vez que ha resaltado que este sector genera 26.000 puestos de trabajo en la región; de ellos, en torno a 6.500 corresponden a la provincia de Ciudad Real, y que en términos de inversión, anualmente se destinan en Castilla-La Mancha 624 millones de euros a políticas de atención a la dependencia, habiéndose aumentado un 68% desde 2015.
“Y, como el objetivo de los socialistas en estas políticas es seguir siempre mejorando, valoramos muy positivamente que el Presidente Page haya marcado ese ambicioso reto de llegar a final de esta legislatura con 115.000 prestaciones por dependencia. En el caso de Ciudad Real, el objetivo es llegar a atender a 25.000 personas al año”, ha recordado.
Canon agua
En otro orden de asuntos y respondiendo al diputado regional del PP, Santiago Lucas-Torres y al presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, acerca de sus declaraciones sobre el canon del agua, Francisco Barato ha calificado de “llamativo que el PP denuncie una decisión que fue suya”, dado que la directiva europea que provoca la implantación del canon se aprobó en el 2000 y la trasposición por la que España acepta esta directiva en el 2003, ambas con el gobierno de José María Aznar.
De hecho, ha recordado el parlamentario socialista, “Castilla-La Mancha es de las pocas CCAA que aún no ha aplicado este canon”, y, además, se trata de una cuestión que va a repercutir en inversiones en las localidades de nuestra provincia, o mejor dicho en los Ayuntamientos que podrán llevar a cabo inversiones para renovación de redes de agua o para lo que consideren dentro del ciclo integral del agua.
“Castilla-La Mancha está obligada a introducir el precepto de la directiva marco del agua que considera que los Ayuntamientos, en este caso como prestadores del servicio de agua y la CCAA, tienen que aplicar el principio de la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua para contribuir a los objetivos de la Directiva, y el PP lo sabe”, ha indicado Barato, criticando la “demagogia y el oportunismo del PP de Castilla-La Mancha y del PP provincial de Ciudad Real, que se suma al carro en cuanto ve que puede sacar provecho aunque sepa que miente”.
De hecho, ha indicado, es “sorprendente” que Valverde no haya hecho ni una sola mención a la reciente subida del 3,1% aprobada por el alcalde de Ciudad Real capital, Francisco Cañizares, que supondrá alrededor de 130.000 euros para los vecinos y vecinas de Ciudad Real, cuando en años anteriores se hacía cargo el Ayuntamiento.
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