El PSOE pide al PP provincial que desautorice a la dirigente que arremete contra el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Ciudad Real

En el día de ayer Aurora Fernández, bajo una pancarta en la que se podía leer textualmente: "Jaque mate a la cúpula socialista de Ciudad Real incluido el Fiscal Jefe", formuló una serie de acusaciones graves y vejatorias contra la persona del fiscal jefe, así como contra la fiscal que llevó su causa en el juzgado.

Desde el PSOE "podemos entender la crítica política, incluso los ataques de la alcaldesa contra el PSOE y sus dirigentes, aunque en algunos momentos rocen el mal gusto, ya que se enmarcan dentro del derecho a libre expresión de todo ciudadano en cualquier contexto". Sin embargo, "lo que no es admisible es poner bajo cuestión la independencia de los profesionales de la justicia por desarrollar su trabajo y cumplir con sus obligaciones", como ha sido en este caso.

En todo momento, la ex alcaldesa con la exhibición de la pancarta y sus alusiones verbales pretendía poner en "tela de juicio" la independencia de la fiscalía, así como una supuesta connivencia entre el PSOE y la Fiscalía Provincial, algo que además de ser falso, es absolutamente inaceptable, por lo que el PP provincial debe desautorizar de inmediato a su correligionaria fontanarejeña.

Sin duda, se trata de un hecho sin precedentes el que una dirigente política como es el caso de quien fue alcaldesa en representación del PP entre 2003 y 2007, arremeta de esta manera contra el Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial, el señor Caballero Klint, por lo que "no puede pasar ni un minuto más sin que la dirección provincial del PP, y en concreto su presidente, Carlos Cotillas, pidan disculpas públicas a la Fiscalía y procedan a desautorizar, y si cabe expulsar del PP a la señora Fernández Arcos".

En un momento de esta desafortunada rueda de prensa, la propia Aurora Fernández reconoce la ilegalidad de los hechos por los que fue denunciada, tal y como consta en la sentencia aludida. Sin embargo, no son considerados constitutivos de un delito de prevaricación, "decisión que desde la Ejecutiva socialista respetamos y no vamos a valorar".