El PSOE exige 14,5 millones de euros en las enmiendas a los PGE para minimizar "el agravio y el maltrato de Rajoy y Cospedal" a Ciudad Real

Catorce millones y medio de euros. Esta es la cantidad que los diputados nacionales del PSOE, Isabel Rodríguez y José María Barreda, han exigido al Gobierno de España en las enmiendas que han presentado a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para la provincia de Ciudad Real.

Una inversión pública que Rodríguez considera imprescindible para recuperar la economía y el empleo, sobre todo en una provincia tan afectada por el paro y la pobreza como es Ciudad Real.

Cabe recordar que la provincia ciudadrealeña recibirá para el próximo año 77 millones de euros, un 13% menos respecto al 2014, y que la inversión per cápita será de 148 euros cuando la media nacional se sitúa en 238 euros. Unas cifras y una realidad que han llevado a la parlamentaria socialista a denunciar "el importante agravio y el maltrato que el PP, Rajoy y Cospedal dan a Ciudad Real".

Por lo tanto, Isabel Rodríguez ha manifestado que "aquí ya no nos vale el discurso de la crisis y el que no hay dinero, porque les diré que estas enmiendas que hemos presentado los socialistas para la provincia ciudadrealeña suman 14,5 millones de euros, mientras que para el cementerio nuclear que se construye en la provincia de Cuenca se destinarán 190 millones de euros, es decir, 13 veces más de partida presupuestaria.

En este sentido, la diputada nacional del PSOE ha insistido en reprochar que "cuando el PP quiere sacar dinero, no sabemos para atender qué intereses, lo sacan, y ahí está la partida de 190 millones de euros reflejada para el cementerio nuclear, y nosotros tan solo pedimos 14,5 millones para el bienestar de nuestra provincia, para el crecimiento económico y para articular el futuro de la misma".

Una articulación que a su juicio pasa por recuperar inversiones importantes. Entre ellas, la construcción de los juzgados de Tomelloso, para los que solicita 500.000 euros; misma cantidad que para el proyecto de la autovía Ciudad Real-Mérida y para la variante de Fuente el Fresno.

También para infraestructuras, Rodríguez ha citado las enmiendas por importe de un millón de euros y 400.000 euros para las variantes de Puertollano y Almadén, respectivamente; cuatro millones para la línea de Alta Velocidad Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén; 1,3 millones para el Centro de Integración del Mercurio de Almadén; o 3,8 millones para el Plan Especial del Alto Guadiana.

Todo ello sin olvidar la autovía Ciudad Real-Toledo, para la que los socialistas han introducido una enmienda de dos millones de euros. Una infraestructura muy importante para la que el PP no incorpora absolutamente nada en los PGE 2015, por lo que Rodríguez tilda de "tomadura de pelo" cuando habla de este proyecto y de un estudio informativo cuando el anterior gobierno socialista en Castilla-La Macha dejó resueltos todos los trámites y, por lo tanto, "las obras de esta autovía ya podía estar en marcha".

Por su parte, José María Barreda ha dicho que estamos ante unos presupuestos "electoralistas, inverosímiles e injustos". "Son electoralistas porque se presentan como una supuesta bajada de impuestos a un año de las elecciones cuando realmente no se produce tal bajada; son inverosímiles porque sus previsiones de crecimiento e ingresos no se sustentan ni en la realidad ni el entorno económico internacional; y lo más penoso es que son injustos, profundamente injustos porque incrementan la desigualdad".

Ha ido un poco más allá al subrayar que con las cuentas económica de 2015 "está en peligro también es la libertad individual e íntima de los propios ciudadanos porque los derechos esenciales no están garantizados, porque se incrementa la desigualdad y porque no se tiene la garantía del acceso a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales".

Por último, para evitar esa senda del Partido Popular, Barreda ha defendido las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialistas encabezado por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que han puesto el acento en enmiendas para rescatar a las familias, a pymes y autónomos; para efectuar una transición hacia un nuevo modelo productivo; para luchar contra la desigualdad y la exclusión social; para luchar contra el desempleo o para aplicar una nueva política fiscal más justa.